Por Irene Romulo

Roberto, un joven de 17 años quien reside en Cicero, Illinois, se graduará en el otoño, convirtiéndose en el primer integrante de su familia en lograr un diploma de secundaria. Su madre describe a su hijo mayor como alguien carismático, quien se preocupa profundamente por sus amigos y quiere experimentar el mundo.

“Siendo honesto, todavía estoy descubriendo [quién soy]”, dijo Roberto.

Pero a la madre y al hijo les preocupa que su expediente disciplinario afecte su vida fuera de la escuela y después de su graduación. Roberto, cuyo nombre ha sido cambiado para este reportaje ya que es menor de edad y todavía es estudiante, es uno de los 34 alumnos inscritos en el Distrito Escolar Secundaria J. Sterling Morton que firmaron un documento conocido como “Contrato de Comportamiento Pandillero” (Gang Behavior Contract) en 2019.

Dicho contrato es un formulario de una página que se les entrega a estudiantes que han sido identificados por los administradores del distrito escolar como aquellos involucrados en comportamientos supuestamente relacionados con pandillas.

Versiones anteriores del contrato, utilizadas a finales de 2018, indican que este documento es parte de la postura “tolerancia cero contra las pandillas” que tienen los superintendentes y miembros del consejo escolar.

Estos contratos incluían una línea donde los administradores podían poner que el estudiante “presuntamente estaba afiliado a una pandilla”, mientras que otra versión del documento daba a conocer a los firmantes que el “casillero de un estudiante podía estar sujeto a ser revisado ocasionalmente”. Asimismo, estas versiones indicaban que había un plazo de 48 horas para apelar al contrato con el administrador del recinto. Estos términos no aparecen en la versión más reciente de dichos contratos.

Las copias impresas de los documentos de “Contrato de Comportamiento Pandillero” utilizado por el Distrito Escolar de la Escuela Secundaria de Morton, con sede en Cicero y que sirve a una población predominantemente latina, se almacenan en las oficinas de los decanos de las escuelas. Principalmente, este contrato prohíbe a un estudiante participar en lo que podría considerarse como un comportamiento pandillero, advirtiendo que de lo contrario enfrentaría duras medidas disciplinarias si no cumple con el acuerdo. Varios distritos escolares de todo el país han utilizado estos contratos por razones similares.

Roberto y su mamá afirman que el joven ha firmado dos contratos de pandillas hasta ahora. Roberto recuerda haber firmado uno por primera vez durante su primer año de la secundaria después de una pelea.

Según Roberto, los administradores de la escuela le dijeron que tendría que firmar un contrato de pandillas porque los otros estudiantes involucrados en la pelea estaban afiliados con pandillas.

“Ni siquiera era pandillero”, recordó. “Yo solo estaba defendiendo a alguien; no querían escuchar mi versión”.

Los expedientes disciplinarios de Roberto incluyen una copia del segundo contrato que firmó en otoño de 2019. Los documentos en sus registros disciplinarios de la escuela indican que fue porque el joven mostró gestos propios de pandilla.

La mamá de Roberto, Laura, quien solicitó que su verdadero nombre no fuese revelado, recuerda haber tenido una reunión con los administradores de la escuela después de ambos incidentes. Laura y Roberto dijeron que no entendían completamente cómo el firmar el contrato de pandillas podría afectarlo a largo plazo. Aseguran que los administradores de la escuela les dijeron después del primer incidente que Roberto podría ser expulsado si no firmaba el documento.

Para Laura, firmar este contrato también significaba que los administradores de la escuela estaban obligando a su hijo a admitir estar afiliado a una pandilla, lo cual no era verdad, según ella.

“Estaba un poco conmocionada”, dijo. “¿Por qué, si quiero que siga en la escuela, tengo que aceptar que a mi hijo lo relacionen con pandillas y [que esto sea] puesto en su expediente?”

Una investigación de Cicero Independiente, Type Investigations y Injustice Watch revela, por primera vez, que más de 100 estudiantes que asisten a la escuela en las comunidades suburbanas de clase trabajadora de Cicero y Berwyn han firmado estos contratos de pandillas en los últimos siete años. Este reporte investigativo muestra que los administradores a menudo han hecho que los estudiantes firmen los acuerdos por razones inciertas o aparentemente subjetivas, y en algunos casos sin ninguna razón específica.

En al menos un caso, la información sobre un estudiante que firmó un contrato fue compartida con la policía local. Se produce una preocupación generalizada cuando este tipo de información llega a manos de la policía ya que estos contratos pueden ser usados para criminalizar a los jóvenes en una ciudad que presenta un historial problemático por tener como objetivo a personas acusadas de ser miembros de pandillas.

Los documentos obtenidos a través de una solicitud de registros públicos muestran que 109 estudiantes firmaron dichos contratos entre 2014 y 2021 en cuatro de las seis escuelas que opera el distrito Escolar de Morton High en Cicero y Berwyn. Las escuelas donde se firmaron contratos de pandillas incluyen la Escuela Secundaria East, el Centro Freshman, la Escuela Secundaria Alternativa en Cicero y la Escuela Secundaria West en Berwyn.

Los documentos no muestran los nombres de los estudiantes, pero detallan por qué los administradores de la escuela concluyeron que se les debía dar el contrato y la fecha en que los estudiantes lo firmaron. Algunos de los registros muestran las medidas disciplinarias que los estudiantes recibieron. Al menos seis de estos contratos se han firmado durante el año escolar 2021, cuando los estudiantes estaban haciendo aprendizaje virtual.

En tres de estos contratos, el espacio donde se supone que un administrador debe describir el comportamiento relacionado con pandillas estaba en blanco. En otros contratos se enumera como evidencia suficiente detalles como peinados, cejas afeitadas, gestos de manos, “mirando videos”, “gráficas” y “holgazaneando”. Algunos simplemente tienen descripciones vagas como [el estudiante] “participa de acuerdo a un comportamiento afiliado a las pandillas” o “se saluda con [el texto en esta parte del documento está censurado]”.

El texto contractual prohíbe a los estudiantes, entre otras cosas, participar en “conversaciones” que podrían interpretarse como afiliadas a pandillas; usando ciertos colores, joyas o peinados; o publicar videos, comentarios o fotos en las redes sociales que podrían considerarse como actos relacionados con pandillas. Si el estudiante no cumple con estas normas, estaría sujeto a una suspensión de tres a cinco días por la primera falta y a una suspensión de cinco a 10 días por una segunda. Al menos dos de los contratos establecen que el estudiante y el padre se negaron a firmar.

De acuerdo a un documento llamado “Proceso para contratos de pandillas”, obtenido a través de una solicitud de registros, los decanos de la escuela son los que determinan si una acción amerita un contrato de pandillas. Pero el documento no establece quién monitorea a los estudiantes una vez que han firmado el acuerdo.

Roberto piensa que el contrato “limita lo que haces en la escuela... [los maestros y los directores] te miran de una manera”.

No es el único al que le preocupan estas prácticas. Por cierto, abogados que trabajan en temas de disciplina escolar, trabajadores de intervención de pandillas, padres, organizadores comunitarios y un exadministrador del distrito escolar entrevistado para este artículo también tienen sus dudas.

La criminalización de los jóvenes, especialmente los jóvenes involucrados en pandillas, es especialmente preocupante a raíz de la muerte de Adam Toledo, un niño de 13 años quien murió después que el oficial de policía de Chicago Eric Stillman en La Villita lo matara a tiros. Funcionarios electos y al menos un destacado comentarista de medios han culpado por su muerte a la presunta vinculación que habría tenido con una pandilla.

Chris Bridges, asesor del programa en el Comité de Abogados de Chicago para los Derechos Civiles, dijo que a su organización le preocupa que los administradores del Distrito Escolar de Morton High puedan usar los contratos de pandillas para obligar a los estudiantes a entrar en escuelas alternativas o expulsarlos completamente de las mismas. “Las fuerzas del orden podrían potencialmente usarlos para criminalizar a los estudiantes de color, que ya enfrentan mayores probabilidades de ser suspendidos, expulsados y arrestados en la escuela”, escribió en una respuesta enviada por correo electrónico.

Y hay evidencia que puede estar sucediendo.

Los intercambios de correo electrónico, obtenidos por medio de una solicitud de registros, muestran que el director de la Escuela Morton West compartió con un departamento de policía local el nombre de un estudiante que firmó un contrato de pandillas.

Los correos muestran que Michael G. Cirolia, el ahora subjefe del Departamento de Policía de Berwyn, solicitó que la directora de la escuela secundaria Morton West, Kristy Cavanaugh, identificara a tres estudiantes por medio de fotos enviadas a una unidad de patrulla por un padre que acusó a los estudiantes por hacer gestos propios de las pandillas.

Cavanaugh identificó a dos de los estudiantes y confirmó que uno había firmado previamente un contrato de pandillas. Cirolia respondió que enviaría la información a la unidad táctica [de policía]. No está claro si el estudiante enfrentó consecuencias disciplinarias adicionales.

El distrito de la escuela secundaria aseveró que los contratos de pandillas no se comparten con los policías, pero no respondió a preguntas sobre el intercambio de correo electrónico mencionado.

“El propósito de un contrato de pandillas, como cualquier intervención, [es] apoyar a nuestros estudiantes para tener éxito”, dijo el superintendente del distrito, Timothy Truesdale, por correo electrónico. “Es identificar maneras de trabajar juntos para asegurar que el estudiante tenga éxito y nuestras escuelas sean seguras”, agregó. El distrito y varios administradores contactados para este reportaje no respondieron a múltiples solicitudes de entrevistas.

Truesdale niega que este contrato pueda poner a los estudiantes en situaciones más graves por su comportamiento, pero el contrato posee una serie de actos disciplinarios para quienes no cumplen con una extensa lista reglamentaria.

Truesdale no respondió a preguntas sobre si los estudiantes y los padres podrían sentirse presionados a firmar un contrato de pandillas para evitar la expulsión, tal como indicaron Roberto y su mamá.

Según el Consejo de Educación del Estado de Illinois (ISBE, por sus siglas en inglés), el Distrito Escolar de Morton High tiene un alto índice de suspensiones. Asimismo, durante los últimos cuatro años, el distrito se mantiene dentro del 20 por ciento de los distritos escolares en todo el estado que tiene tasas de suspensión excesivamente altas, según registros del ISBE. Aunque el distrito ha reducido las tasas de suspensiones dentro y fuera de la escuela desde 2018, aún se mantiene en la lista del ISBE.

Debido a que los contratos de pandillas del Distrito Escolar de Morton High, obtenidos por este medio y sus colaboradores, tenían nombres e información de identificación censurada (texto borrado), es difícil saber las consecuencias disciplinarias y el impacto que estas causaron o pudiesen causar a largo plazo a los estudiantes que los firmaron.

Pero no solo los estudiantes de secundaria están siendo catalogados como ‘vinculados a pandillas por los administradores de las escuelas, y el distrito Morton no es el único distrito escolar que clasifica listas de estudiantes acusados de ser miembros de pandillas. La única escuela secundaria en Cicero, Unity Junior High, ha comenzado a rastrear a presuntos pandilleros en séptimo y octavo grado, según registros obtenidos del Distrito Escolar 99 de Cicero, que supervisa a las escuelas de primero a octavo básico.

En 2018, utilizando “capacitación y orientación” por parte del Departamento de Policía de Cicero, el Distrito Escolar 99 de Cicero comenzó a recopilar listas de estudiantes que supuestamente eran miembros de pandillas, según registros obtenidos a través de una solicitud de información por medio de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).

Aldo Calderin, actual director de la Escuela Unity y superintendente interino del Distrito Escolar 99 de Cicero, dijo en un correo electrónico que la escuela comenzó a crear una “base de datos de pandillas” para “llevar un registro de las acciones en las que los estudiantes estaban involucrados para mantener al resto de los alumnos y al personal seguros”. Calderin dijo que a los padres se les mantiene informados sobre los actos vandálicos en los que sus hijos participan tanto en la escuela como en el distrito. Sin embargo, reconoció que los estudiantes y los apoderados no están al tanto de que los estudiantes están siendo incluidos en una base de datos de pandillas.

Calderin explicó que los estudiantes son agregados a la lista cuando admiten ante un administrador, maestro o apoderado, que están involucrados en pandillas o cuando han sido partícipes de actividades pandilleras. Los estudiantes pueden ser añadidos a esta en base a escritos y dibujos en cuadernos, gestos que representan símbolos pandilleros, exhibición de parafernalia, publicaciones en las redes sociales, grafiti o peleas.

David Stovall dijo que el uso de listas de pandillas en la escuela secundaria (de sexto a octavo grado) es “realmente problemático”. Stovall es profesor en el Departamento de Criminología, Derecho y Justicia de la Universidad de Illinois en Chicago. Stovall también trabaja con organizaciones comunitarias y escuelas para abordar asuntos relacionados con la equidad, la justicia y la abolición de la “conexión escuela-prisión”. El experto asegura que este tipo de listas a menudo terminan creando grupos de estudiantes quienes son catalogados como “desechables” y no reciben los recursos ni la ayudas que necesitan.

Los orígenes de la lucha de Cicero por erradicar las pandillas

Las políticas antipandillas tomaron fuerza en Cicero durante la década de 1990, cuando la ciudad y Berwyn, su localidad vecina, tuvieron cambios demográficos drásticos.

En 1990, solo el 37 por ciento de la población de Cicero era latina, según datos del Censo. En el año 2000, la población latina de Cicero aumentó al 77 por ciento. Durante ese mismo período, la población hispana de Berwyn aumentó del 8 al 38 por ciento. Hoy en día, el 89 por ciento de la población de Cicero y el 64 por ciento de los habitantes de Berwyn son hispanos, según las estadísticas del Censo.

Delia Barajas, residente de Cicero, recuerda “una gran afluencia de jóvenes latinos que venían aquí a comprar casas” durante los años 90.

“Fue un momento muy difícil aquí en Cicero, ya que habían algunos jóvenes estudiantes involucrados con pandillas”, dijo. Sin embargo, Barajas enfatizó que incluso los estudiantes que cometen errores tienen derecho a permanecer en la escuela y no ser criminalizados.

En 1999, Barajas dijo que se unió a una campaña de oposición a la guerra que Cicero declaró contra las pandillas después de ver que se convertía en un “problema comunitario”, dijo.

Entonces comenzó a trabajar en una organización local sin fines de lucro, donde aconsejaba a los padres de los estudiantes que se enfrentaban a la expulsión debido a una supuesta afiliación a pandillas. Dijo reconocer que muchos padres de familia no tenían los recursos para contratar abogados para representarlos en las audiencias de las expulsiones en la escuela. También a menudo acompañaba a las familias a los tribunales. Recuerda haber visto pasillos repletos de jóvenes estudiantes latinos que enfrentaban cargos criminales a la espera de fechas para presentarse en la corte.

En 1999, cuando Cicero estaba considerando adoptar dos ordenanzas de zonas “libres de pandillas” dirigidas a presuntos pandilleros que vivían dentro de los límites de la ciudad, Barajas fue citada en The New York Times llamando a las ordenanzas “una injusticia para las familias latinas” en la ciudad. A los activistas de la época les preocupaba que las ordenanzas apuntaran como blanco injustamente a los jóvenes latinos.

La ordenanza de zonas libres de pandillas, aprobada unánimemente por el consejo directivo de Cicero el 27 de abril de 1999, creó un proceso para que el superintendente de la policía solicitara una audiencia con el abogado de la ciudad municipalidad para identificar a los miembros de la pandilla acusados, incluyendo niños menores de 16 años. Si un oficial de audiencias encontraba que el acusado era en realidad miembro de la pandilla que había participado en actividades criminales, entonces se podría ordenar a la persona que dejara Cicero o que fuera multada con $500 diarios.

Otra ordenanza autorizaba a la ciudad a confiscar el vehículo de cualquier presunto pandillero que entrara en una zona libre de pandillas. En mayo de 2000, tras una objeción legal de la Unión Americana de Libertades Civiles, comúnmente conocida como el ACLU, Cicero puso en vigor un decreto de consentimiento para no hacer cumplir la disposición que permite la incautación de vehículos. La ordenanza de zona libre de pandillas todavía existe en el código municipal de la ciudad, pero no se aplica.

Estas normativas eran parte de la respuesta de tolerancia cero de Cicero a las pandillas. Hoy en día, el Departamento de Policía de Cicero tiene una Unidad Táctica especial de Crímenes de Pandillas, al igual que el Departamento de Policía de Berwyn.

Funcionarios de Cicero dijeron a The New York Times a finales de los 90 que tenían una lista de 600 “pandilleros conocidos” la cual incluye a menores de edad.

Ahora, más de 16,000 nombres están en una base de datos electrónica que mantiene Cicero llamada el Libro de Pandillas (Gang Book), que también incluye a menores de edad, según la respuesta del municipio a una solicitud de registros públicos. Cicero tiene una población de poco más de 84,000 personas.

Un representativo de Cicero afirmó que estos registros son actualizados continuamente por la municipalidad y otros organismos encargados de asegurarse que las leyes se cumplan. Pero el superintendente de la policía de Cicero, Jerry Chlada Jr., dijo que no podía estimar cuántos de esos registros corresponden a personas menores de 18 años.

La batalla contra las pandillas llega a las escuelas

Un exadministrador del Distrito Escolar de Morton High que trabajó en Cicero en las décadas de 1990 y 2000 dijo que las escuelas adoptaron, al igual que la municipalidad, una posición dura contra las pandillas. El exadministrador habló bajo condición de anonimato porque todavía trabaja en Cicero. Dijo que el castigo por actos vandálicos era severo. La tolerancia cero de las escuelas por el comportamiento de las pandillas y otras conductas indebidas resultó en lo que él recuerda fue un número sin precedentes de suspensiones y una alta tasa de deserción escolar.

Los contratos de pandillas estaban en uso mientras el administrador trabajaba en el distrito durante la década de 2000. Él piensa que los contratos eran una forma severa de castigo lo que hace que más estudiantes vulnerables abandonen la escuela. Añadió que los padres en Cicero, quienes son mayormente de origen hispano, pueden no estar completamente al tanto de las implicancias de estos documentos.

“Si estuviéramos en el Centro Hinsdale [escuela secundaria], ¿les estarían diciendo a los niños: ‘¿Firma este contrato?’ No lo creo”, explicó, comparando Cicero con un suburbio cercano que es predominantemente blanco. “Vas a tener padres diciendo, ‘... Aquí está mi abogado, quiere hablar con usted sobre este contrato. Los padres [en Cicero] no tienen los recursos para hacer eso”.

Aunque no niega que había pandillas en ese momento, dijo que “había mucha gente asociada a la escuela que pensaba que las pandillas eran un problema mucho mayor de lo que realmente era”.

Piensa que los maestros no cuentan con las herramientas para identificar apropiadamente las afiliaciones a pandillas, especialmente porque muchos de ellos no se familiarizan con los antecedentes culturales de los estudiantes y pueden malinterpretar el comportamiento.

“En una escuela que es 98 por ciento latina con un personal que es 80 por ciento blanco, ¿no te parece un poco extraño que entren a la escuela y digan que es un lugar lleno de pandillas?”, continuó. “Solo porque [ellos] vieron un pequeño rayado en un cuaderno de un niño?”

“Los maestros están allí para enseñar. ...No es su trabajo estar observando si hay comportamiento pandillero o no”, dijo. “Una vez tuve a un maestro en Morton… quien tenía como una ‘antena detectora de pandillas’, y eso me molestaba muchísimo; [pensaba] ese no es tu trabajo”.

Quienes critican este tipo de contratos en las escuelas de Cicero temen que los funcionarios de la escuela puedan compartir información sobre los estudiantes en la base de datos de pandillas del municipio.

Si bien la base de datos no ha generado muchos titulares noticiosos en Cicero, tales bases de datos han levantado críticas contra otros cuerpos policiales locales. En el Condado de Cook, donde se encuentra Cicero, la oficina del alguacil dejó de usar una base de datos de pandillas que mantenía y destruyó todos los registros, tras el rechazo de los organizadores de la campaña Borren la Base de Datos (Erase the Database). El mismo grupo ha demandado al Departamento de Policía de Chicago por mantener una base de datos de pandillas que, según ellos, está llena de errores y puede derivar en sentencias más largas y deportación de personas indocumentadas.

Truesdale, el superintendente del Distrito Escolar de Morton High, dijo en un correo electrónico que el distrito escolar no comparte contratos de pandillas con nadie más que con el estudiante y los padres. Pero además de los correos electrónicos que se obtuvieron por medio de esta investigación que muestra que los funcionarios de la escuela sí compartieron a la policía de Berwyn el nombre de un estudiante de la lista de contratos de pandillas, después de que un apoderado presentara una queja. De igual forma, otros correos electrónicos obtenidos muestran que la directora de la escuela alternativa, Erin Kelly, compartió un contrato de pandillas en blanco con el oficial de policía de Cicero Vincent Acevez en 2017.

Truesdale no respondió a preguntas adicionales sobre los correos electrónicos.

Chlada, el superintendente de policía de Cicero, aseguró que los contratos sobre comportamiento pandillero no se comparten con el departamento de policía, pero que en ocasiones los oficiales de la Unidad Táctica de Crímenes de Pandillas empleados en la Morton East, la Escuela Secundaria Alternativa y el Centro Freshman, comparten con el resto de la unidad o la división de patrullas información sobre cualquier incidente asociado a pandillas, como peleas. Chlada no negó que los nombres de los estudiantes pudieran ser compartidos en estos casos.

“Mi postura ha sido durante años que cada altercado de pandillas en una escuela debiera... tiene que tener a la policía involucrada”, explicó. “Pero, por supuesto, hay situaciones en que ellos no se contactan con nosotros para eso”.

Dos trabajadores que realizan intervenciones a pandillas entrevistados para este informe, junto con Roberto y su familia, piensan que la información de esos contratos se comparte con la policía.

“Me explicó [un administrador de la escuela] que si un policía busca el registro [de Roberto], [el contrato de pandilla] está en su expediente”, dijo su madre.

“Si me llegan a arrestar en algún futuro cercano y todavía estuviera en la escuela, la policía va a la escuela y pregunta: ‘¿Está en el contrato de pandillas?’”, Roberto explicó. “Si ven que estoy en él, entonces me agregan a la base de datos como ligado a pandillas, y entonces eso queda en mi expediente”.

En la Escuela Secundaria Unity, donde también se mantiene una lista de estudiantes que pueden estar afiliados a pandillas, los registros muestran que el personal administrativo y los oficiales de recursos escolares tienen acceso a esta información.

Calderin, superintendente interino del Distrito Escolar 99 de Cicero y director de Unity, dijo que su distrito solo comparte la lista de pandillas con los agentes de policía empleados por el distrito para trabajar en Unity como oficiales de recursos escolares, no con el Departamento de Policía de Cicero. Dijo que, como empleados del distrito, estos oficiales están sujetos a sanciones si llegan a revelar los registros escolares de los estudiantes a la policía, incluidos sus nombres.

La actividad de las pandillas figura como una de las actividades que deben ser reportadas al departamento de policía si ocurre dentro de la escuela o en terreno escolar, según los acuerdos intergubernamentales entre el Departamento de Policía y el Distrito Escolar 99 de Cicero que se obtuvieron a través de solicitudes de FOIA.

En las escuelas secundarias de Morton, la documentación muestra que 116 oficiales de policía han trabajado en las escuelas a tiempo parcial desde 1996, según registros obtenidos del distrito. Desde 2013, al menos cinco de esos oficiales han sido miembros de la Unidad Táctica de Crímenes de Pandillas del Departamento de Policía de Cicero, incluyendo a Vincent Acevez, el comandante de policía que recibió el contrato en blanco de Kelly. Acevez es ahora el superintendente adjunto de patrullaje.

“De hecho, crea otra manera para que las fuerzas del orden se involucren en la vida de jóvenes sin ningún propósito más que criminalizarlos”, dijo Stovall. “Si tienes la unidad táctica de pandillas en la escuela, entonces eso te lleva a todo tipo de situaciones exacerbadas”.

Mejores alternativas

Barajas y otros miembros de la comunidad formaron el Comité de Educación (anteriormente parte de la organización comunitaria Ixchel, con sede en Cicero) para organizarse en torno a las preocupaciones escolares en 2012. El grupo ha estado al tanto de los contratos de pandillas durante años y piensa que el uso de estos debe terminar.

Dijeron que la escuela secundaria debería centrarse en la implementación de prácticas de justicia restaurativa y sistemas de apoyo para abordar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes, especialmente después de un año tan turbulento.

Bridges, abogado del Comité de Abogados de Chicago para los Derechos Civiles, que ha estado trabajando con Barajas y el Comité de Educación, escribió en un correo electrónico que “los estudiantes están regresando a la escuela en un momento de inmenso trauma colectivo, especialmente entre las familias afroamericanas e hispanas que han sido desproporcionadamente perjudicadas por la pandemia del COVID-19 y por los incesantes asesinatos policiales y la violencia”.

“Las escuelas deberían estar proporcionando más apoyo socioemocional, no más caminos hacia la cárcel”, escribió, “especialmente en Cicero”.

En una carta enviada a Truesdale en otoño de 2019, el grupo pidió al Distrito Escolar de Morton High que diversificara el personal escolar mediante la contratación de más educadores que reflejasen la composición cultural y racial del cuerpo estudiantil y pidió políticas que reconocieran que “la membresía de pandillas es un síntoma de trauma”.

“En el fondo, [las pandillas] son este espacio donde los jóvenes tratan de encontrar aceptación”, dijo Ismael Vargas Jr., quien trabaja con jóvenes y quien se mudó a Cicero a principios de la década de 2000 y hasta hace poco era el director de asuntos juveniles en los Servicios Comunitarios Corazón.

Vargas piensa que Cicero y las comunidades similares deberían invertir más dinero en programas y recursos extraescolares para jóvenes de todas las edades. Añadió que los espacios que proveen consejería y apoyo no académico son “cosas positivas que los ayudará a largo plazo, especialmente para los jóvenes que cometen errores”.

Pablo Gálvez es especialista en intervención callejera para el Desarrollo de Liderazgo y Amplia Intervención Urbana (también conocida como BUILD), una organización de prevención de la violencia y desarrollo juvenil en Chicago. También trabaja con estudiantes de Cicero. El programa de tutoría que dirige paga a los participantes $12.50 por hora durante cuatro horas a la semana. Dijo que esto ayuda a mantener a los jóvenes comprometidos, pero desea que los participantes puedan ser empleados por más horas.

“[Los participantes] siempre se quejan al respecto. [Dicen] ‘Hombre, necesito un trabajo. ...Tengo que mantenerme ocupado’”, dijo.

Debido a que Adam Toledo, de solo 13 años, murió a manos de un policía, Vargas dijo que la comunidad latina tiene que entablar conversaciones difíciles sobre soluciones que solo conducen a más acoso por parte de la policía.

“No nos apoyamos lo suficiente”, dijo. “Alguien puede estar en una mala situación, y en lugar de mostrar apoyo, o simplemente algo de empatía, nos apresuramos a juzgar y decir que lo les pasa se lo merecen”.

Roberto, que es amigo de otros estudiantes que conocieron a Adam, está de acuerdo con ser más empático.

“Siento que la gente realmente no entendía a [Adam]”, dijo. “Si estuvieran en su lugar o en lugar de otros, sentirían cómo ellos se sienten”.

Roberto ahora tiene un trabajo de fin de semana y planea seguir una carrera en carpintería u otro oficio, siguiendo los pasos de su abuelo, una vez graduado.

Reflexionando acerca de sus experiencias en la escuela secundaria, Roberto desea no haber hecho tantas “cosas estúpidas” y pidió que la escuela prepare a los estudiantes con habilidades para lidiar con un futuro incierto que ha dejado la pandemia del COVID-19.

“Siento que los adultos deben mantener a sus hijos cerca, especialmente en estos tiempos”, dijo. “La gente está muriendo, así que hay que mantenerlos cerca. Tenemos que estar allí para ellos”.

Traducido por Marcela Cartagena

Esta investigación fue co-producida por Type Investigations, donde Irene Romulo es becaria de Ida B. Wells; Cicero Independiente; e Injustice Watch.

Irene Romulo es cofundadora y editora de Cicero Independiente. Síguela en twitter @ireneincicero

Veronica Martinez es ilustradora y muralista de Cicero. Puede contactarla en su sitio web aquí.

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